Cada vez es más frecuente que determinadas gestiones con la Administración Pública se realicen a través de entidades financieras. El pago de impuestos, tasas, sanciones o determinados trámites oficiales se canaliza en muchas ocasiones mediante la red bancaria, lo que puede generar confusión entre la ciudadanía.
Tal y como explica el Banco de España en su blog Cliente Bancario, en estos casos las entidades actúan como colaboradoras de la Administración. Es decir, el banco presta un servicio de intermediación, pero no sustituye al organismo público ni asume sus competencias.
Esto implica que:
El banco no fija los importes ni modifica recargos o sanciones.
La entidad no decide sobre el fondo del procedimiento administrativo.
Si existe un error en la deuda, el cálculo o la notificación, la reclamación debe dirigirse al organismo público correspondiente.
La entidad financiera se limita a ejecutar la gestión encomendada en virtud de los acuerdos de colaboración vigentes.
En situaciones como embargos o retenciones de fondos ordenadas por una Administración o por un órgano judicial, la entidad está legalmente obligada a cumplir la orden recibida. No obstante, no es quien la dicta ni quien determina su contenido.
Desde UCE consideramos fundamental que las personas consumidoras conozcan esta diferencia para evitar reclamaciones mal dirigidas y para poder ejercer correctamente sus derechos. Ante cualquier duda, es recomendable solicitar información tanto a la entidad financiera como al organismo público que haya iniciado el procedimiento.