El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha desmentido recientemente haber sido víctima de un ciberataque, tras la difusión en internet de informaciones falsas que apuntaban a una supuesta brecha de seguridad. Este episodio pone de manifiesto la creciente problemática del doxing, una práctica que consiste en recopilar y difundir datos personales o información sensible de una persona o entidad sin su consentimiento, con el objetivo de dañar su reputación, intimidar o generar alarma social.
El doxing no solo afecta a organizaciones, sino también a particulares, y puede incluir la publicación de direcciones, números de teléfono, datos laborales, cuentas personales o cualquier otra información privada. En muchos casos, esta práctica se ve reforzada por campañas de desinformación que amplifican su impacto, haciendo que contenidos falsos o manipulados se difundan rápidamente a través de redes sociales y otros canales digitales.
Además, el uso de herramientas tecnológicas cada vez más avanzadas facilita la recopilación y difusión de este tipo de información, lo que incrementa los riesgos para la privacidad y la seguridad digital de las personas consumidoras. En este contexto, resulta fundamental adoptar una actitud crítica ante la información que circula en internet y evitar compartir contenidos cuya veracidad no esté confirmada.
Desde INCIBE se recomienda extremar las precauciones en el uso de redes sociales y plataformas digitales, revisando periódicamente la configuración de privacidad y limitando la exposición de datos personales. También es importante utilizar contraseñas seguras, activar la verificación en dos pasos y ser prudente a la hora de interactuar con contenidos o perfiles desconocidos.
Desde UCE Ese recuerda que la protección de los datos personales es un derecho fundamental y que las personas consumidoras deben ser conscientes de los riesgos asociados a la exposición de su información en el entorno digital. Ante posibles situaciones de doxing o vulneración de la privacidad, es recomendable recopilar pruebas, denunciar los hechos ante las autoridades competentes y solicitar asesoramiento para conocer las vías de protección y defensa disponibles.