
El nuevo Reglamento General de Suministro y Comercialización Eléctrica refuerza de manera significativa la protección de las personas consumidoras y adapta el marco normativo a las necesidades actuales del sector energético, buscando un equilibrio adecuado entre los objetivos de política energética y la defensa efectiva de los derechos de la ciudadanía.
Entre los aspectos más relevantes se encuentra la mejora en la regulación del cambio de comercializadora, así como la clarificación del marco de reclamaciones para las personas consumidoras de energía eléctrica. Además, se refuerzan los elementos vinculados al régimen general de contratación para evitar prácticas abusivas y garantizar mayor seguridad jurídica.
Mención especial merece la protección frente a la contratación telefónica no solicitada. El Reglamento recoge expresamente la prohibición de realizar publicidad o prácticas de contratación por vía telefónica sin consentimiento previo del usuario, salvo que exista una solicitud expresa por parte del consumidor o que la llamada haya sido iniciada por este. Asimismo, se introducen límites para evitar modificaciones unilaterales de las condiciones contractuales por parte de las comercializadoras o la resolución anticipada del contrato antes de su vencimiento.
También se incorporan medidas orientadas a incrementar la transparencia del sector y reforzar la confianza de las personas consumidoras. Se reconocen y ordenan las distintas vías de reclamación ante las Comunidades Autónomas, garantizando un marco más claro y accesible para la defensa de derechos.
El Reglamento establece además la obligación de que las empresas del sector dispongan de un servicio de atención al cliente gratuito, accesible y universal. De manera complementaria, comercializadoras, distribuidoras y agregadores independientes podrán habilitar la figura del Defensor del Cliente, que actuará de forma independiente para resolver reclamaciones.
Desde la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) valoramos positivamente estos avances, que suponen un paso importante hacia un mercado energético más transparente, equilibrado y centrado en la protección del consumidor. No obstante, seguiremos vigilantes para garantizar su correcta aplicación.

