Sobre las futuras normas para vehículos de transporte con conductor y autobuses

Sobre las futuras normas para vehículos de transporte con conductor y autobuses

La CNMC volvió a emitir ayer un informe sobre el proyecto de real decreto que ultima Fomento, con el que pretende modificar varias normas sobre el transporte por carretera de pasajeros y de mercancías. Opinan desde este organismo que se trata de una regulación que limita la competencia, resulta innecesaria y desproporcionada, y termina perjudicando a los usuarios finales.

El regulador alerta de que algunas exigencias incluidas constituyen “barreras de acceso para todos los operadores” de transporte terrestre que quieran participar en el mercado (autobuses, camiones, VTC y ambulancias). En concreto, indica que compartimentará geográficamente el mercado nacional pues se les “exige tener” a los operadores una forma jurídica concreta, ausencia de ánimo de lucro o domiciliar las licencias en territorios concretos. En el caso de los camiones y autobuses, se imponen, además, “trabas a la transmisión de autorizaciones para operar”.

El organismo también se opone a otras cargas. Se refiere a que las licencias de transporte (entre ellas las VTC de Uber y Cabify) tengan que estar vinculadas a vehículos concretos, a que todos los vehículos deban estar matriculados en España, a que cada operador deba disponer de una flota mínima de vehículos o que el operador solo pueda trabajar con personal de su plantilla. En el caso particular de los camiones, la CNMC cree que se “imponen requisitos” como que la flota de vehículos tenga muy poca antigüedad.

También subrayan que el nuevo real decreto prohíba que se constituyan nuevos servicios de transporte de viajeros por iniciativa privada y establece la explotación de esos servicios en régimen de monopolio. En el caso de los autobuses, advierte que la nueva regulación dificulta que los operadores rebajen sus precios, pues tienen que comunicarlo previamente a la Administración, “quien puede prohibir que haya rebajas”.

La CNCM critica también el “papel importante” que se otorga a las asociaciones de transportistas como colaboradores de la Administración. Ese desempeño “es peligroso para la competencia, puede facilitar la colusión y reducir los incentivos para competir y es discriminatorio respecto a los usuarios, a quienes no se reconoce de la misma manera”.