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88 organizaciones, en la que se incluye UCE Euskadi, firman el Pacto Social por la Vivienda para afrontar los retos de este sector en los próximos quince años

Jueves, Diciembre 1, 2022

88 instituciones y organizaciones, en la que se incluye la UCE de Euskadi, firman un compromiso que, hasta 2036, contempla duplicar la oferta de alquiler público

  • El acuerdo se fija objetivos de aumentar la oferta pública de alquiler asequible hasta alcanzar un parque de 50.000 hogares, elevar al 12% del total del parque las viviendas protegidas de carácter permanente o rehabilitar una de cada tres casas antes de que termine 2036

88 organizaciones, desde la sociedad civil o colectivos profesionales hasta instituciones y empresas, se han adherido al Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, Un compromiso compartido para acelerar la conformación efectiva del derecho a la vivienda. La firma del acuerdo, impulsado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, se ha producido este miércoles en Bilbao con el objetivo de que para afrontar los retos de Euskadi en esta materia de forma efectiva, los diferentes agentes que actúan con la ciudadanía en el ámbito de la vivienda trabajen de manera alineada, compartida y colaborativa, con una perspectiva a medio y largo plazo.

El documento ha contado con un amplio proceso de participación, en el que han tomado parte un centenar de agentes a través de talleres y reuniones, con ideas por escrito de 87 organizaciones. Muchas de estas serán utilizadas en el desarrollo del propio pacto en los próximos años, con actuaciones en materia de profundizar en el trabajo con el sector de la construcción, el sinhogarismo, la atención a las familias numerosas, entre otros.

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha destacado en el acto que Euskadi es referente en materia de políticas de vivienda, con una ley autonómica y medidas concretas como las de apoyo a personas jóvenes que sirven de inspiración a nivel estatal. Arriola ha recordado que en el País Vasco el de acceso a una vivienda digna y de calidad es un derecho subjetivo y ha remarcado que se trata de algo tan básico que de él depende la consecución de otros derechos.

El pacto social de 2010 fue inédito, pionero, y puso en el centro de las políticas de vivienda a la ciudadanía vasca y la colaboración entre diferentes”, ha señalado Arriola, “hoy volvemos a rubricar el compromiso, con más adhesiones todavía que el acuerdo anterior y con el mismo fin de facilitar el acceso de todas las personas a una vivienda digna y adecuada, pero en circunstancias diferentes: con una ley de Vivienda que supuso un hito al incluir el acceso a la vivienda como un derecho de rango similar a la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, un reconocimiento en el que Euskadi fue pionera”.  

En el nuevo Pacto Social por la Vivienda están representadas desde organizaciones sociales o cooperativas de viviendas hasta sindicatos, empresas privadas, colegios profesionales, universidades, centros tecnológicos y clústers. “Se trata de un grupo muy heterogéneo que ha sabido encontrar puntos de encuentro para lograr un gran pacto de país para conseguir una gestión más eficaz en materia de vivienda”, ha valorado el consejero, que ha enumerado aspectos a afrontar como la pobreza energética, la carencia de oferta suficiente de hogares en alquiler o la adaptación del parque a los nuevos modelos de unidades convivenciales y estilos de vida.

En el Pacto Social por la Vivienda se establecen cuatro metas cuantitativas hasta 2036 y seis líneas de actuación prioritaria con el fin de cumplir con esos objetivos.  Entre ellos destaca que el 5% de las viviendas principales de la comunidad autónoma se destinen a la oferta pública de alquiler asequible para 2036 (50.000 pisos). También que el parque de viviendas de protección pública permanente ascienda al 12% de las viviendas principales. Asimismo, se plantea que en el horizonte de quince años se logre rehabilitar anualmente el 3% de los edificios, frente al 1,5% actual, lo que implica reformar 350.000 hogares en ese plazo –una de cada tres construidas, aproximadamente-. Entre las metas, también se establece la necesidad de que haya un parque de vivienda libre, tanto de obra nueva como hogares rehabilitados, para colectivos con recursos económicos suficientes.  

Para lograr alcanzar las metas, el pacto prevé unas líneas de actuación prioritarias, con directrices para ponerlas en marcha:

  • Mayor inversión en vivienda apoyada en una fiscalidad incentivadora. Elevar de forma progresiva el gasto público en vivienda hasta que este se sitúe en el entorno del 1,5% del PIB, y que la inversión privada en rehabilitación se sitúe en el entorno del 5% del PIB, en línea con los países europeos más avanzados.
  • Seguir profundizando en la dimensión social de la política de vivienda. Se apuesta por conseguir una mayor integración de la política de vivienda con el resto de políticas sociales (servicios sociales, juventud, mayores, discapacidad, igualdad, empleo, etc.), poniendo en marcha servicios y programas que aporten respuestas más integrales a realidades como el sinhogarismo, las familias numerosas y el acceso a la vivienda de las personas jóvenes.
  • Generalizar la inclusión de la vivienda en la agenda estratégica municipal, poniendo en marcha una línea de apoyo a la elaboración de planes locales de vivienda.
  • Conformar un sector de la construcción atractivo, competitivo e innovador, apoyando la capacitación y el desarrollo del talento en el sector y sus proyectos de innovación, y favoreciendo el acceso de más mujeres al mismo.
  • Inteligencia de datos y evaluación avanzada, reforzando e institucionalizando el papel del Observatorio Vasco de la Vivienda.
  • Implicación y colaboración público-privada-social, poniendo en marcha y dinamizando un Foro de la Vivienda como espacio estable de participación y colaboración entre los agentes comprometidos a través del Pacto e impulsando procesos de participación ciudadana.

El acuerdo incluye los mecanismos necesarios para reforzar la implicación y la colaboración pública, privada y social para conseguir sus objetivos y, a través del Observatorio Vasco de la Vivienda elaborará un informe anual de seguimiento de carácter público que permitirá monitorizar sus avances y realizar los ajustes necesarios de forma transparente.