A la par que el dinero en efectivo sigue perdiendo fuelle y cada vez representa menos el pago habitual de la mayoría de españoles, el Banco de España ha empezado a notificar cómo algunas entidades cobran comisiones a sus clientes por sacar dinero en efectivo. Una práctica nada extendida hasta ahora, pero que es legal siempre que se haga dentro de unos determinados parámetros.
Históricamente, sacar efectivo de una entidad que no era la que correspondía a la cuenta conllevaba, en la mayoría de bancos, una pequeña comisión por realizar tal gestión en un cajero ajeno. Una práctica aceptada por la inmensa mayoría de usuarios a la que ahora empieza a unirse una que no termina de ganarse el favor de la opinión pública.
El cobrar en la propia entidad por el mero hecho de sacar una cantidad indeterminada de dinero metálico. Así lo ha notificado el Banco de España, tras las quejas de muchos clientes, lo que ha llevado a la institución a explicar la legalidad de esto a la par que ha desarrollado una guía de buenas prácticas.
Y es que estas nuevas comisiones dificultan el acceso al dinero en efectivo para determinados sectores, como pueden ser las personas más mayores reacias o incapaces de adaptarse a las últimas tecnologías. Por ello, toda entidad debe facilitar, al menos, un medio sencillo y gratuito de retirada de billetes.
Otro caso de vulnerabilidad ante estas comisiones son los clientes en riesgo de exclusión financiera. A ellos tampoco se podrá aplicar este cargo, siempre que tengan cuentas de pago básicas donde la comisión máxima mensual está limitada según qué servicios.
Además, el Banco de España ha informado que así como estas comisiones sí son, por lo general, legales, deben ir acompañadas de información clara y concreta previa. Es decir, se debe anunciar previa retirada el coste extra que se va a introducir, así como se debe prestar un servicio idóneo.
Por último, en caso de que las comisiones varíen, esto también está permitido siempre que se informe a los clientes de la entidad por diferentes medios. Todo con el fin de proteger a estos ante una nueva práctica que amenaza con hacerse viral entre las entidades, pese a las reticencias de sus usuarios a pagar por retirar lo que se considera “su” dinero.