Las autoridades europeas de consumo han puesto en marcha nuevas actuaciones para reforzar la protección de las personas consumidoras frente a las compras realizadas dentro de los videojuegos, especialmente aquellas que utilizan monedas y objetos virtuales como gemas, esmeraldas o monedas de oro.
La Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (Red CPC), coordinada por la Comisión Europea, ha iniciado acciones dirigidas a nueve empresas del sector de los videojuegos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa europea de consumo.
Entre las principales medidas se encuentra la obligación de mostrar de forma clara y transparente el precio real de los productos virtuales en dinero, evitando sistemas de conversión entre monedas que dificulten conocer cuánto se está gastando realmente.
Asimismo, las autoridades europeas buscan impedir que los videojuegos incorporen mecanismos que presionen a los usuarios para realizar compras excesivas o adquirir determinados objetos virtuales para poder avanzar en el juego.
Otro aspecto fundamental es el respeto al derecho de desistimiento. Las empresas deben informar adecuadamente sobre el derecho de las personas consumidoras a desistir de determinadas compras realizadas dentro de los videojuegos en un plazo de 14 días, incluidas las relativas a objetos virtuales no utilizados, conforme a la normativa aplicable.
Las actuaciones también prestan especial atención a la protección de los menores, uno de los colectivos más vulnerables frente a las estrategias comerciales utilizadas en los entornos digitales.
Entre los videojuegos examinados se encuentran títulos populares como Minecraft, Candy Crush Saga, Clash of Clans, Valorant y Gardenscapes, entre otros. Las actuaciones se dirigen a las empresas responsables de estos juegos para comprobar que sus prácticas comerciales respetan los derechos de las personas consumidoras.
Desde UCE Euskadi destacamos la importancia de garantizar una mayor transparencia en las compras digitales y de reforzar la protección de los menores frente a mecanismos que pueden fomentar gastos impulsivos o dificultar la comprensión del coste real de los productos adquiridos.