El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una empresa del sector de las telecomunicaciones por la posible inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos con las personas consumidoras.
La actuación tiene como objetivo investigar determinadas condiciones contractuales que podrían vulnerar los derechos de los usuarios, especialmente en un sector en el que son frecuentes las reclamaciones relacionadas con la contratación de servicios, la facturación y las modificaciones de las condiciones inicialmente acordadas.
La apertura de este expediente no implica que se haya demostrado la existencia de una infracción, sino que supone el inicio de un procedimiento administrativo para determinar si las prácticas investigadas incumplen la normativa de protección de las personas consumidoras.
Desde UCE Euskadi recordamos la importancia de revisar las condiciones de los contratos de telefonía e internet, prestar especial atención a las cláusulas relacionadas con los precios, la permanencia y las penalizaciones, y conservar toda la documentación contractual.
Asimismo, las personas consumidoras tienen derecho a recibir información clara, comprensible y suficiente sobre los servicios contratados y a reclamar cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.