La nueva autoridad independiente que prepara el Gobierno para proteger a los hipotecados, y en general a todos los clientes financieros, tendrá poder para imponer sus resoluciones a la banca. Aunque su gestación se encuentra todavía en una fase inicial, el Ministerio de Economía trabaja a marchas forzadas para que esté culminada a finales de diciembre. Y en solo unas semanas ya ha perfilado algunas de sus características, como que el acceso a sus servicios sea gratuito y que no haga falta acudir a él con la ayuda de abogados o procuradores.
Así lo confirmó ayer la titular de Economía, Nadia Calviño, en su intervención en el Congreso. Que las resoluciones del nuevo organismo tengan fuerza vinculante supone un cambio revolucionario respecto a lo que existe en la actualidad. Por una parte, el Banco de España alberga una oficina de reclamaciones de los consumidores contra los bancos, el conocido como Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, que cuenta con una plantilla de unos 200 técnicos y letrados que el año pasado atendieron unas 40.000 consultas y 40.000 reclamaciones. Sin embargo, cuando hay un dictamen en contra de la entidad, estas solo hacen caso al Banco de España en menos de la mitad de las ocasiones, según los últimos datos de octubre. Y eso ocurre porque las decisiones del supervisor en este campo no son vinculantes. Un hecho que genera bastante enfado en el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos.
Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantiene un departamento del inversor cuyas recomendaciones tampoco son vinculantes. Estas tienen un poco más de éxito y consiguen que las entidades les hagan caso en el 58% de los casos en los que el informe les resulta desfavorable. Dado este panorama, la idea ahora es dotar al nuevo organismo de músculo suficiente brindando a sus dictámenes ese carácter vinculante.
A raíz de la comisión de investigación de la crisis financiera, en el Congreso se había extendido la idea de que se podía crear una especie de modelo twin peaks (cumbres gemelas), por el que el Banco de España y la CNMV se repartirían las tareas: el Banco solo se encargaría de supervisar la solvencia de las entidades, y la CNMV se ocuparía de vigilar las conductas de mercado y proteger al consumidor. Sin embargo, no va a dar tiempo a elaborar algo así. Se tardaría mucho en diseñar una nueva arquitectura supervisora. Y la ley que dejó redactada Guindos preservaba la estructura actual de los supervisores. Aunque sí que incluía una autoridad de protección del cliente financiero. De modo que lo más probable es que esta nueva institución se cree como un organismo separado de los demás, para otorgarle así una mayor independencia.
El Ministerio ya ha iniciado las conversaciones con el Banco de España y la CNMV para arrancar esta nueva institución que cuidará al cliente de banca, seguros, servicios financieros y fondos de pensiones. Aún se tiene que dilucidar cuál será su encuadre exacto. Y se ha de determinar qué sucederá entonces con la oficina de reclamaciones del Banco de España y con la dirección del inversor de la CNMV. El presidente de esta última, Sebastián Albella, ha reclamado que en cualquier caso las decisiones de esta nueva autoridad sean coordinadas con estos departamentos, de forma que se eviten criterios distintos.
“Se propone crear un defensor del cliente a imagen y semejanza del Banking Ombudsman de Reino Unido. Es un gran avance que las resoluciones de la nueva autoridad sean vinculantes para los bancos. Pero, además, para ofrecer una protección eficaz a los clientes bancarios debería tener el poder de imponer la reparación del daño causado al consumidor financiero. En este nuevo marco, el Banco de España seguiría siendo el policía financiero con poder sancionador, y la nueva autoridad asumiría la función de resolver las reclamaciones con poder para obligar a los bancos a reparar el daño causado por su mala conducta”, explica Fernando Zunzunegui, abogado experto en asuntos financieros.
La ministra también anunció que la nueva autoridad será gratuita para aquellos ciudadanos que recurran a ella. Y no hará falta que acudan de la mano de abogados o procuradores, añadió en su comparecencia.
Además, en la ley de crédito inmobiliario que se negocia en el Congreso se introducirá una enmienda para dotar de carácter permanente al código de buenas prácticas diseñado para evitar los desahucios. Eso permitirá, según señaló Calviño, que los clientes en situación vulnerable que firmaron una hipoteca después de 2012 también se lo puedan aplicar. Así podrán agotar todas las posibilidades de reestructuración de la deuda que les ofrece este código antes de perder su vivienda, dijo la ministra.