Carencias del Banco de España en la defensa del consumidor
Las cláusulas abusivas incluidas en las hipotecas y otras irregularidades en la comercialización de productos por parte de las entidades financieras han generado un serio problema de seguridad jurídica y un riesgo sistémico para el sector financiero. Tanto que, desde Bruselas piensan que la situación requiere una mejora del sistema de supervisión bancaria, específicamente en el caso del Banco de España, donde debería separarse la vigilancia de la solvencia y la estabilidad de la banca de la defensa del consumidor, que convendría encargar a una nueva autoridad independiente para evitar conflictos de interés.
Durante los últimos meses, expertos a petición de Bruselas, han elaborado cinco informes, sobre abusos financieros que revelan fraudes recurrentes en España, Bélgica, Rumanía y el centro y este de la UE. Los documentos abordan malas prácticas bancarias en créditos al consumo; el marketing, la venta y distribución de productos bancarios; los modelos de compensación a inversores del sistema belga; y, con especial atención al caso español, en la indebida comercialización entre particulares de participaciones preferentes y deuda subordinada, o los abusos cometidos en préstamos hipotecarios.
Este último informe, elaborado por Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho de mercado financiero en la Universidad Carlos III, hace hincapié en el caso de las cláusulas suelo, que en 2009, según los datos aportados por el Banco de España, llegaron a incluirse en un 38% de las hipotecas españolas. Tras los varapalos judiciales a la banca del Tribunal Supremo español, y el Tribunal de Justicia de la UE, por su opacidad, ocho de cada diez consumidores reclamaron su dinero. El sector solo ha aceptado resarcir a medio millón de familias por la vía extrajudicial, redirigiendo al resto a los tribunales, lo que ha acabado por provocar un “colapso del sistema judicial” español, según el informe.
Pero, el problema no se limita a las cláusulas suelo, la situación se ha visto agravada por otro goteo de cláusulas anuladas por los jueces, como las de las hipotecas multidivisa, el uso del índice IRPH como alternativa el euríbor, el reparto de gastos hipotecarios, el vencimiento anticipado que permite iniciar los desahucios, los intereses de demora, las comisiones o la venta extrajudicial de los inmuebles.
El informe destaca que, a pesar de las recurrentes condenas judiciales a la banca (con el 98% de las sentencias de juzgados especializados en materia hipotecaria a favor de los clientes), el Banco de España solo ha impuesto una única sanción a una cooperativa de crédito.
Los cinco informes coinciden en varios aspectos como en la necesidad de separar la autoridad que vigila la solvencia y estabilidad del sector financiero de la protección del consumidor, explica Zunzunegui, argumentando que cuando todo depende de un único organismo, como es el Banco de España, en caso de conflicto, se antepone la estabilidad a la protección del consumidor. Así, por ejemplo, el supervisor español defendió ante el TJUE que obligar a la banca a devolver todo lo cobrado indebidamente por cláusulas suelo opacas retroactivamente pondría en peligro la estabilidad del sistema. La Corte falló a favor de los consumidores. Otra cuestión en la que coinciden es la necesidad de establecer mecanismos de compensación de los clientes perjudicados, y de disuasión de las malas praxis, y eso se hace con sanciones a la banca.
La propuesta de los expertos pasa por crear oficinas nacionales de protección del consumidor financiero, si bien está por ver si l Parlamento impulsa medidas en respuesta a unas denuncias que la Comisión Europea conoce pero no ha abordado. El nuevo Gobierno español, no obstante, a desarrollar antes de julio un nuevo sistema de reclamaciones contra la banca. Debe decidir, por ejemplo, si el sistema sigue en manos del Banco de España o si sus dictámenes, que hoy son meras recomendaciones a la banca, pasan a ser vinculantes.