La Comisión Europea ha puesto en marcha un plan para derribar los muros virtuales que los usuarios encuentran al realizar compras online en otros países de la Unión. Desde hace semanas prohíbe el bloqueo geográfico que algunas plataformas aplicaban en los dispositivos móviles y que impedían acceder a ofertas o productos exclusivos para otros países miembros. Bruselas también ha tratado de proteger a los consumidores cuando realizan pagos electrónicos al convertir la moneda local. Las autoridades comunitarias buscan, además, taponar el agujero tributario por el que se escapan millones de euros en las ventas por Internet.
La Unión Europea puso fin a los controles aduaneros entre sus países miembros hace años, pero la eclosión de los negocios digitales levantaron fronteras virtuales. La Comisión Europea ha constatado que el 63% de las plataformas virtuales pone trabas a los ciudadanos para comprar desde otros países a través de Internet y, además, tienen diferencias de precio sustanciales entre Estados por el mismo producto.
Para evitar estas circunstancias, un reglamento comunitario, que entró en vigor el pasado diciembre, pone fin al bloqueo geográfico en los dispositivos móviles. Algunas empresas de comercio online utilizan la IP del dispositivo electrónico desde el que se realiza la compra para redirigir a la página local. De esta forma, ponen trabas para acceder a ofertas o productos exclusivos que se ofrecen en otros países de la Unión.
Bruselas tiene abiertas alrededor de una docena de investigaciones a empresas que limitaban las compras transfronterizas. La Comisión ha acelerado a finales de año sus planes para derribar estas barreras que dificultan el comercio dentro de los países de la UE, también en cuanto a pagos bancarios. Desde diciembre, las compañías ya no pueden bloquear o desviar el acceso de un consumidor a sus plataformas por motivos geográficos o porque su tarjeta de crédito procede de otro país. Ese impedimento se produce sobre todo, según la Comisión, en los sectores de los electrodomésticos (89%), la electrónica y la informática (79%) o la moda (63%), pero también en el sector del ocio o de las reservas de viajes. Los países miembros deberán vigilar ahora que las empresas cumplen con la legislación comunitaria.
La Comisión Europea cree que esa medida es un paso de gigante, pero no es el único método que siguen algunas multinacionales para impedir las compras de un país a otro. La investigación a la firma de moda norteamericana Guess puso al descubierto que esta llegaba a acuerdos de distribución con sus minoristas autorizados que restringían el uso de su marca en Internet, les impedía publicitarse online o directamente no les dejaban vender a otros Estados. Esa política comercial permitía a Guess, según Competencia, mantener los precios de sus productos entre un 5% y un 10% más elevados en 11 países de Europa del Este respecto al resto de la Unión.
Bruselas impuso a la multinacional con sede en Los Ángeles una multa de 40 millones de euros por esas prácticas. Pero, según fuentes comunitarias, la Comisión tiene una docena de investigaciones más abiertas. Entre las compañías bajo la lupa de Competencia están Nike; las compañías turísticas Rewe, Kuoni, Thomas Cook o Meliá y distribuidores de videojuegos como Bandai, Valve, Koch Media o Focus Home. Antes, tuvieron que cambiar su política comercial Mango, Oysho, Pull & Bear, Topman o De Longhi, entre otros.
La última de las barreras que quiere romper la UE es la de los pagos bancarios en países miembros fuera de la zona euro. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE acordaron ya medidas para proteger a los consumidores contra los “cargos excesivos” por las conversiones de monedas. Esa decisión va más allá del comercio online. Cuando un ciudadano de un país de la moneda única viaja a otro Estado de la UE que no la ha adoptado y paga con su tarjeta de crédito o débito, por ejemplo, el terminal le ofrece la posibilidad de abonar la factura con la moneda local o en euros. En ese último caso, se carga una comisión. Los consumidores deberán poder comparar el precio de un producto con o sin comisión de conversión, tanto en cajeros como en comercios o restaurantes, según la nueva regulación. Las organizaciones de consumidores han advertido de que la normativa es insuficiente.
El acuerdo sobre los cargos en las conversiones en países fuera de la zona euro decepcionó a la organización de consumidores BEUC por no ir más allá y rebajar esas comisiones. “Es desconcertante que la Comisión Europea y el Parlamento se rindieran tan fácilmente ante los países miembros”, lamentó Monique Goyens, directora general de la entidad. La asociación tiene en sus manos varios estudios que indican los costes que tienen estas prácticas para los consumidores. Por ejemplo, se examinaron 1.500 transacciones hechas por ciudadanos noruegos en el exterior y se concluyó que solo en cuatro casos salieron ganando haciéndolo en su moneda local. Otro estudio elaborado por la organización alemana Stiftung Warentest se centró en 11 países de la UE y concluyó que el cliente paga entre el 2,6% y el 12% más cuando elige su moneda en lugar de la local. Los mayores costes se registraron en la República Checa, Polonia y Hungría.